La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Isabel Romero Cruz, lamentó que el Congreso local no le aprobó una revisión a contratos que se entregaron a la empresa Desarrolladora CJI SAPI de CV, a la que se le asignó la construcción de 20 ciudades judiciales.
“Me hubiera encantado hacerlo”; sin embargo, evitó opinar sobre el retraso en el análisis de la petición que mandó al Congreso el 15 de julio de 2020 para la modificar los contratos de la asociación público-privada para el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia del Poder Judicial.
En declaración posterior reconoció que algunas ciudades no tenían razón de ser porque donde se construyeron no hay juzgados.
