Crisis en Tesechoacán: 31 trabajadores de PEMEX cumplen más de 24 horas retenidos

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  • Autoridades mantienen silencio, manifestantes piden mantenimiento inmediato al puente.

Tesechoacán, Ver., Sábado 28 de marzo, 2026.- Lo que inició como una exigencia social por infraestructura básica ha escalado a un grave conflicto humanitario y legal. Al cumplirse más de 24 horas de haber sido privados de su libertad, 31 empleados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) —incluyendo personal de Seguridad Física— permanecen retenidos por pobladores del municipio de Tesechoacán, Veracruz.

El origen: Un puente en el abandono
La crisis es el resultado de años de promesas incumplidas. Los habitantes de la zona denuncian la falta de mantenimiento de un puente vital para la economía regional. Ante el hartazgo, la comunidad ha optado por medidas extremas, utilizando a los trabajadores de la paraestatal como moneda de cambio en una disputa que les es ajena.

Los empleados permanecen retenidos desde la mañana del viernes 27 de marzo y aunque no se reportan agresiones físicas y se ha permitido el acceso a víveres, la situación jurídica constituye una retención ilegal.

Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal mantienen un silencio absoluto. Hasta el momento, no existe una mesa de diálogo oficial para negociar la liberación.

El mutismo de las autoridades es alarmante. La omisión institucional que sufren los habitantes en materia de infraestructura ahora se traslada a la seguridad de los ciudadanos en cumplimiento de su deber.

Aunque hay un reclamo generalizado por las omisiones gubernamentales y de la paraestatal respecto del mantenimiento a esta vía de comunicación, la opinión pública es dividida pues si bien la reparación del puente en Tesechoacán es una deuda histórica, familiares de los retenidos afirman que «la libertad de las personas no debe ser el precio de la negociación», por lo que también exigen la intervención inmediata de la Secretaría de Gobierno de Veracruz y de las autoridades federales para garantizar la integridad de los 31 trabajadores y restablecer el orden legal en la región.

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