Los habitantes del ejido Mapachapa, en Minatitlán, realizaron bloqueos intermitentes sobre la carretera a Canticas para denunciar el desalojo de al menos 80 familias y presuntas afectaciones ambientales provocadas por una estancia de pipas que opera sin medidas de contención.
Las familias desalojadas pertenecen a la zona conocida como Ampliación Las Flores, donde vivieron por más de 30 años. El conflicto se remonta a 1995, cuando un grupo de trabajadores adquirió un predio al señor Feliciano Martínez Lara y se organizó bajo la asociación civil Emiliano Zapata Tierra y Libertad. Con contratos de compraventa y pagos certificados, iniciaron trámites agrarios que quedaron inconclusos desde 2007 por falta de recursos.
El 16 de abril, cuando vecinos detectaron un letrero con un número de título de propiedad. Al acudir al Registro Público de la Propiedad, descubrieron que el terreno aparece inscrito a nombre de Melitón Salvador Guerra, del cual aseguran no tener antecedentes.
Después maquinaria pesada ingresó al predio acompañada —según testimonios— por Melitón Salvador Guerra y Tomás Reséndiz, quienes exigieron a los habitantes abandonar sus viviendas. Durante el operativo, cercos, pozos y varias casas fueron destruidos, y personas adultas mayores resultaron afectadas física y emocionalmente.
Otro grupo de vecinos denunció que en el mismo predio se realiza el lavado de tanques de gas, y que las aguas residuales con sustancias químicas son vertidas hacia calles y áreas habitadas, lo que representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.
Los colonos aseguran sentirse amenazados por la presencia de camionetas y presuntos guardias de seguridad, y acusan irregularidades en la posesión y venta de terrenos. Señalan directamente a Melitón Salvador Guerra y Tomás Reséndiz de intentar apropiarse de los lotes que pertenecían al fallecido Andrés Hernández de la Cruz, presuntamente con apoyo del comisariado ejidal.
Mientras buscan regularizar la colonia ante el ayuntamiento, temen que nuevos desalojos puedan ocurrir en los próximos días.
Los habitantes exigieron la intervención de autoridades municipales, agrarias y ambientales para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de las familias afectadas.
