Ejidatarios de El Mesón, municipio de Ángel R. Cabada, denunciaron opacidad, omisión y corrupción en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Procuraduría Agraria, así como del Tribunal Agrario, al no darles posesión de sus parcelas como debió hacerse, lo que ya provocó un conflicto social.
Saturnino Melchor Pérez, presidente del comisariado ejidal de El Mesón, dijo que en 2002 las autoridades agrarias ordenaron la restitución de más de 70 hectáreas a un grupo de ejidatarios, cuestión que no puede afectar a un núcleo agrario.
Refirió que el Tribunal ya resolvió pese a que existe un avance del cumplimiento sustituido de un juez de distrito y el Tribunal pretende ejecutarlo en una fracción del terreno donde hay un asentamiento humano de más de mil habitantes, generando con ello un conflicto social.
El representante ejidal pidió el respaldo del gobierno estatal porque dicha sentencia puede generar un problema social mayor, pues los que viven en ese lugar no van a salirse.
Comentó que desde que se emitió este resolutivo en 2002 ha habido más de 30 intentos de desalojo, “pero la gente resiste y ha habido hasta heridos”.
Recordó que el ejido tiene mil 300 hectáreas de dotación y 240 de ampliación, y el conflicto viene desde hace más de 50 años.
Insistió en que la exigencia es que no se dé cumplimiento a esa ejecución o que se haga con el cumplimiento sustituto, toda vez que se afectan viviendas, escuelas, iglesias y servicios públicos.
Señaló que dicha resolución favorece a un grupo de ejidatarios del mismo ejido que resultaron beneficiados con la ampliación de la dotación de tierras.
Es de señalar que en durante su protesta en la plaza Lerdo, ejidatarios de otros municipios les brindaron su respaldo. Recalcaron que funcionarios corruptos del Tribunal Agrario 40 de San Andrés Tuxtla, afectan a más de mil 200 habitantes. Armando Zamarat denunció que esos empleados “siempre han provocado conflictos derivado de sus intereses personales”.
Por tal motivo, solicitó se otorgue una solución definitiva a la ejecución que se tendrá el día 11 de julio del año en curso, responsabilizando al Poder Judicial de la Federación y al juez tercero de distrito por su incompetencia y por no actuar en favor de la justicia, de lo que allí suceda.
“Los ejidatarios estamos en pie de lucha, pero no acontecimientos como los ocurridos en el Ejido Limón Totalco, en Perote, en donde se dieron enfrentamientos entre ejidatarios y elementos policiacos con resultados funestos, y ‘después del niño ahogado tapar el pozo’”.
Acusó directamente al magistrado Alberto Pérez Gasca de proteger a funcionarios y abogados de San Andrés Tuxtla para que se ejecute la resolución emitida para favorecer a un pequeño grupo de ejidatarios.
