Acuden miembros del cabildo y directores de área.
San Andrés Tuxtla, Ver.-
“Entre las responsabilidades más significativas de la Administración Pública Municipal, la transparencia y la correcta disposición de los recursos es prioridad, por ello, para corresponder a ese deber y compromiso con el pueblo y las instituciones, en el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, colaboramos para establecer mecanismos de comunicación con la sociedad, para conseguir gestiones de gobierno eficaces y transparentes, donde la participación ciudadana sea un elemento determinante en la racional y equitativa aplicación de recursos públicos”, detalló la Presidenta Municipal de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, en referencia al cabo el Programa: “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2022”, mismo que se impartió de manera virtual a miembros del cabildo y directores de área.
Entre los regidores asistentes a este curso estuvieron Iván Bautista Tom, Edgar Antemate Caixba, Ximena Tress Fadanelli, Danaé Vázquez Molina, Abelardo Ortiz Navarrete, además de la Contralora Municipal, la licenciada María Antonia Carmona Díaz, y funcionarios públicos de entes fiscalizables por el gobierno estatal.
En este contexto, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), llevó el curso dirigido a integrantes de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); Consejos de Desarrollo Municipal (CDM); y Comités de Contraloría Social (CCS), mediante temáticas relacionadas con la participación ciudadana en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos; la fiscalización superior, la transparencia y la rendición de cuentas; así como la integración, organización y funcionamiento de los mismos.
Estas jornadas tienen como finalidad proporcionar a los funcionarios municipales y ciudadanos que conforman los órganos de participación ciudadana, la información y herramientas necesarias para facilitar la colaboración en la implementación de acciones que beneficien de manera prioritaria a la población con mayores carencias, así mismo, promover el ejercicio de los derechos constitucionales de participación en la planeación democrática, de acceso a la información, de petición y de asociación, mismos que representan las bases de la intervención social en asuntos públicos.
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