En la reunión y con el apoyo del director de Normatividad, Control y Seguimiento de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, Edmundo Macario Álvarez, se presentó el antecedente del caso y que tiene relación con la suspensión de diversas actividades que afectan a la administración pública municipal y, por ende, a las y los ciudadanos, resultado de la supuesta inactividad o uso de sus atribuciones por parte de la Síndica y el Regidor.
La legisladora Margarita Corro Mendoza subrayó que el Congreso del Estado, como institución depositaria de la representación popular, analizará a detalle este caso para buscar alternativas que aseguren certeza jurídica y, sobre todo, gobernabilidad a las y los ciudadanos.
