El próximo domingo puede ser una fecha histórica. Ese día, cientos de miles, sino es que millones de mexicanos, saldrán a las calles de la CDMX y en más de 80 ciudades en todo el país con el propósito de protestar por la imposición que pretende hacer el Gobierno con un paquete de reformas legales para anular la operatividad del INE.
Si bien, el pasado 13 de noviembre los ciudadanos dieron muestra de conciencia cívica saliendo masivamente a las calles para respaldar la existencia del INE y llamar la atención de los partidos opositores, ahora las causas que nos convocan son aún más urgentes. Me explico: en noviembre la consigna era clara, se trataba de evitar que pasara una iniciativa de reforma electoral constitucional enviada por el Presidente al Congreso, ya que se pretendía desaparecer al INE cambiándole de denominación y quitándole infinidad de atribuciones que pasarían al Ejecutivo con el fin de controlar las elecciones, tal como se hacía hace más de 35 años. Sin embargo, para que pasara esa reforma se requería de que estuvieran a favor las dos terceras partes de los legisladores presentes el día de su discusión, esto no sucedió debido a que los partidos de oposición unieron esfuerzos y votaron en contra, impidiendo que esta avanzara.
En esta ocasión nos enfrentamos a una coyuntura más delicada, se trata de un paquete de reformas legales aprobadas, que no requerían de una mayoría calificada, sino de una mayoría simple que Morena logró en ambas cámaras con el apoyo de sus partidos satélites, el PT y el Verde. Hoy, existe una reforma legal que podría ser publicada y puesta en marcha porque el proceso legislativo ya se agotó. El único camino que queda es frenar esta intentona de ataque a la democracia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una solución favorable de los ministros a los múltiples amparos presentados, solicitando su anulación debido a vicios en el procedimiento y falta de constitucionalidad.
Vale la pena recordar algunas de las trampas que traen estas leyes aprobadas por Morena: 1) Se achica la estructura del INE quitando representaciones en los Estados y personal altamente calificado y especializado; 2) Líquida fideicomisos que el INE utilizaba para capacitación y gastos de sus trabajadores; 3) Desaparece la Secretaría Ejecutiva, órgano de auxilio fundamental y electa por la mayoría de los consejeros, y se compactan direcciones generales y de área, lastimando la eficiencia del Instituto; 4) Quita facultades a las autoridades electorales para sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado; 5) No podrá retirar candidaturas ante faltas graves y limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos; 6) Se propone iniciar los procesos electorales en noviembre en vez de septiembre, consiguiendo con esto menor tiempo para localizar representantes de casilla y su capacitación; 7) Se busca eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que daba tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas.
A pesar de que muchas voces calificadas han externado sus preocupaciones y críticas a este paquete de reformas denominado “Plan B”, al Presidente lo tiene sin cuidado. Así es como Roger Bartra, prestigiado intelectual de izquierda, llama a defender la democracia evitando la imposición reaccionaria y la agresión autoritaria de estas leyes letales. Beatriz Pages es clara diciendo que con la aprobación de este “Plan B”, lo que se pretende es la construcción de un fraude electoral para el 2024. En el extranjero, la revista digital The Atlantic, el martes pasado alertó que el “Plan B” del Presidente conduce a México hacia una deriva autoritaria que pone en riesgo las elecciones de 2024 y que abriría más espacio a los grupos criminales que afectan la seguridad de Estados Unidos.
Así pues, contra viento y marea, y sin importar ninguna opinión, el plan de López para destruir la democracia que construimos en tantos años, está en marcha y ya pasó la aduana del legislativo. Solo queda la opción de la Suprema Corte de Justicia y aunque para muchos es complicado entender todas las implicaciones legales de estas modificaciones, vendidas al público como grandes avances a la democracia, es importante no dejarse engañar y participar en la muestra ciudadana de defensa de nuestra incipiente democracia.
Si los ciudadanos no logramos frenar esta amenaza a la democracia impulsada por AMLO, viviremos días muy complicados a partir de 2024, donde una sociedad agotada por tantas mentiras no dará credibilidad a los resultados electorales, ocasionando importantes brotes de violencia en el país. Por eso, nuestra participación en la marcha que se avecina es sumamente importante, mandemos un mensaje contundente a la Suprema Corte de Justicia y al propio Gobierno y su partido de que los mexicanos valoramos nuestra democracia y no nos préstamos a engaños baratos. Por eso hagamos del 26 de febrero de 2023 un día histórico.
Presidente de la Academia Mexicana de Educación
